Comunicado: Destitución de Diputada Elisa Zepeda por Graves Violaciones a Derechos Humanos

Observatorio de Derechos Humanos Memoria y Libertad exige la destitución de la diputada local de Oaxaca Elisa Zepeda Lagunas y la apertura de investigaciones por graves violaciones a derechos humanos en Eloxochitlán

Desde el Observatorio de Derechos Humanos Memoria y Libertad, integrante de la Misión de Observación Civil a Eloxochitlán, que mantiene un acompañamiento permanente a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, denunciamos públicamente la continuidad de una política de criminalización sistemática contra habitantes de esta comunidad mazateca.

Queremos afirmar con toda claridad que la diputada Elisa Zepeda Lagunas no es una víctima en este caso y no cuenta con la calidad ética, moral ni jurídica para acreditarse como tal.Por el contrario, las verdaderas víctimas son las 56 personas criminalizadas y sus familias, quienes durante más de doce años han enfrentado persecución judicial, desgaste económico, estigmatización social y graves violaciones a sus derechos humanos.

La Misión de Observación Civil ha documentado ampliamente estas violaciones. Una prueba fundamental es la sentencia histórica del amparo 631/2022, otorgada a Miguel Ángel Peralta Betanzos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca.

Después de más de una década de proceso judicial, esta resolución desmonta jurídicamente las acusaciones que se habían sostenido contra integrantes de la comunidad, evidenciando graves inconsistencias y la falta de credibilidad en las declaraciones que dieron origen a las acusaciones.

El tribunal explica con claridad por qué las declaraciones de Elisa Zepeda resultan inverosímiles, y por qué no existe sustento jurídico para sostener la responsabilidad penal que durante años se intentó construir.

Lo que esta sentencia demuestra es extremadamente grave: durante doce años se han sostenido acusaciones carentes de sustento jurídico contra integrantes de la comunidad, provocando un profundo daño a sus vidas y a su tejido comunitario.

Queremos dejar en claro que esto no sería posible sin la complicidad institucional de diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, jueces de la región de Huautla de Jiménez, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, e incluso instancias federales que durante años han permitido que el proceso continúe pese a las irregularidades documentadas y pese a resoluciones judiciales que evidencian la falta de sustento de las acusaciones.

Además de la fabricación de acusaciones, la Misión de Observación Civil ha documentado cómo la diputada Elisa Zepeda ha obstaculizado deliberadamente el avance del proceso judicial.

En la experiencia de acompañamiento a víctimas, es claro que quienes han sufrido un delito buscan que los procesos judiciales avancen y que los hechos se esclarezcan. Sin embargo, en este caso hemos observado lo contrario: dilaciones sistemáticas por parte de Elisa Zepeda, su familia y sus testigos, acciones que prolongan el proceso e impiden que el conflicto se resuelva judicialmente.

Esto nos permite afirmar que este proceso nunca ha tenido como objetivo la búsqueda de justicia, sino la prolongación de un mecanismo de persecución política y judicial contra la comunidad.

Las consecuencias de esta criminalización han sido devastadoras. Durante doce años, las familias criminalizadas han tenido que sostener procesos judiciales largos y costosos, pagar abogados, trasladarse constantemente a audiencias y movilizarse públicamente para denunciar las irregularidades del caso.

Hemos visitado la comunidad y escuchado directamente a las familias afectadas. Hemos visto cómo doce años de persecución judicial han destruido proyectos de vida y han colocado a muchas personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Mientras las familias de los compañeros criminalizados deben organizar colectivamente recursos para sostener su defensa, la diputada Elisa Zepeda ha contado con acceso privilegiado a las instituciones del Estado y a las redes del poder político, lo que evidencia una profunda desigualdad en las condiciones del proceso.

Estamos, por tanto, ante la utilización del poder político para sostener un proceso de persecución judicial que ha dañado de forma profunda a familias enteras.

A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos también denunciar el uso instrumental de un discurso feminista para legitimar esta persecución. La lucha histórica de las mujeres ha sido una lucha por la justicia, la verdad y la dignidad. Sin embargo, en este caso observamos el uso de un feminismo punitivista, racista y profundamente alejado de las luchas de las mujeres de los pueblos indígenas, promovido por figuras públicas como la diputada Elisa Zepeda y la funcionaria Anabel López, quien desde su cargo como Directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política ha repetido una narrativa sin sustento jurídico que criminaliza a la comunidad.

Un ejemplo particularmente grave es que, desde sus redes oficiales, la diputada Elisa Zepeda continúa señalando públicamente a Miguel Ángel Peralta Betanzos como responsable de delitos graves incluso después de que una sentencia judicial desmontó las acusaciones en su contra.

Incluso ha utilizado el término “feminicida”, cuando el proceso judicial no corresponde a un delito de feminicidio ni de tentativa de feminicidio.

Este tipo de declaraciones constituyen una violación a la presunción de inocencia y una forma de violencia institucional ejercida desde el poder público.

Por todo lo anterior, exigimos:

1.     La destitución inmediata de Elisa Zepeda Lagunas del partido Morena.

2.     Su destitución del cargo legislativo que actualmente ocupa.

3.  La apertura de investigaciones por fabricación de delitos, abuso de autoridad, obstaculización de procesos judiciales y graves violaciones a derechos humanos.

4.  El reconocimiento de las 56 personas criminalizadas como víctimas de persecución política y violaciones a derechos humanos.

5.  El cese definitivo de la criminalización contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Seguiremos acompañando a la comunidad hasta que la verdad, la justicia y la libertad sean una realidad para todas las personas criminalizadas.